PRUEBAS ILEGALES // ENTIDADES TUTELARES ENCARGAN, AL MARGEN DE LA FISCALÍA, PRUEBAS ÓSEAS A CHICOS CON PASAPORTE

En LLUM DE LLAR tenemos en marcha un programa de seguimiento a los menores no tutelados que están ubicados en residencias de la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat, que nos fue aprobado el año pasado por la Directora General.

Puedo dar fe por mi experiencia recopilada en las visitas que hemos hecho en estos centros, a través de las entrevistas con los directores (mención especial al pedazo de humanidad que hay en Monteolivete) y responsables de los mismos, que nos han dado todas las facilidades para acceder a los menores, con los que nos han dejado hablar sin ningún tipo de trabas, de que estos hechos no suceden en la Comunidad Valenciana. E incluso por informaciones del personal, en conversaciones privadas me han atestiguado cómo en los períodos de máxima afluencia se hacía la "vista gorda", ante la sospecha de que el menor no fuera tal.

También quiero resaltar la responsabilidad de la sociedad, que no está lo suficientemente sensibilizada ante esta problemática , que es de todos, no sólo de los menores y de la administración. De ahí la importancia de las entidades sin ánimo de lucro que trabajamos por la dignidad humana.

Y porque creemos en la dignidad del ser humano, aquí tenéis esta información de las cosas que suceden en nuestro entorno, no podemos cerrar los ojos mientras se cometan injusticias como éstas del País Vasco o Cataluña.
Mª José Agües.


Menores, pero sobre todo inmigrantes.

El Defensor del Pueblo denuncia la práctica porla que las CC AA usan las pruebas óseas para impugnar pasaportes.

El PNV ha defendido en el Parlamento la validez de las pruebas óseas para determinar la edad de los menores extranjeros, obviando los numerosos casos en que éstas dejan a menores en la calle. Patricia Manrique, Redacción CantabriaYahyad, 17 años, mauritano y con pasaporte. Tres pruebas oseométricas y, a la tercera, la vencida, se impugnó su fecha de nacimiento. Está en la calle, indocumentado, sólo y sin formación.

Ahmed, 17 años, argelino, 19 según las pruebas. Ya ha pasado por varios Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y es probable que sea expulsado. Casos reales que contradicen la pretendida generalidad del “chico barbado”, el “menor mayor” planteado, con gran sorna pese a la gravedad del tema, por Emilio Olabarría en el Congreso el pasado febrero. El diputado peneuvista pretendía que la Fiscalía estableciera el uso de las pruebas oseométricas como criterio general para determinar la edad de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA).

Primer asalto en una estrategia ilegal: unas pruebas cuestionadas por todo tipo de expertos, con un margen de error de 18 meses, se anteponen a una documentación válida. El Congreso accedió a “ponerlo en conocimiento” de la Fiscalía General del Estado.Visiones enfrentadasEl Defensor del Pueblo asegura “no compartir la percepción” de Olabarría: “Desgraciadamente, en las numerosas quejas recibidas, tenemos ejemplos de lo contrario”, señala, “menores que no han cumplido ni los 16 años y se encuentran en la calle tras haber cesado en su tutela la administración autonómica tras la realización de una prueba oseométrica”. En la misma línea, educadores sociales de Madrid, Catalunya, Euskadi, Melilla o Asturies advierten de que existe una preocupante mayoría de chicos menores que, disponiendo de un pasaporte válido, son tratados como mayores debido a las pruebas.

Pese a la obligación del Estado de mantener un registro de MENA, desde 2006 no hay cifras oficiales que cuantifiquen la realidad de estos chavales ni un registro común que facilite su seguimiento. Esto ha permitido el empleo de datos cuanto menos dudosos, casi siempre sobre la presunción de una ‘avalancha’. Como muestra de ello, los porcentajes difundidos en los medios en las últimas semanas y que, basados en la intervención de Olabarría en el Parlamento, establecían que “entre el 60% y el 80% de los supuestos MENA son falsos menores”.Aunque el diputado se refiriese a cifras de Álava, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la madrileña Fundación Raíces, reflexiona: “Mientras no tengamos garantizado que esas pruebas se hacen con las debidas garantías, no podemos saberlo. Esta afirmación no se ajusta para nada a la realidad”.Vicenç Galea, educador social y miembro del colectivo de defensa de los derechos de la infancia DRARI, insiste en la necesidad de que los criterios sean uniformes, pero no basados en las cuestionadas pruebas: “El criterio común tendría que ser documentar al MENA como manda la ley: hablar con su familia, partida de nacimiento, libro de familia…”. Calcula que sólo en Catalunya, durante el año pasado, al menos un centenar de chavales manifiestamente menores quedaron fuera del sistema de protección tras practicárseles las pruebas a instancias de la entidad tutelar catalana, la DGAIA.

La petición de Olabarría coincide en el tiempo con una denuncia del Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Vitoria, Josu Izaguirre, de que la Administración foral (gestionada por el propio PNV) está realizando pruebas oseométricas “de forma ilegal”. Las pruebas, que debieran debieranser practicadas únicamente a instancias de la Fiscalía (pues, de señalarse falsedad documental, el implicado estaría incurriendo en un delito) son encargadas, de modo ilegal, por las entidades tutelares. Álava era la única provincia del País Vasco que cumplía el protocolo, establecido en la Ley de Extranjería y refrendado por la circular 2/2006 de la Fiscalía. Este tipo de caso se ha vuelto a poner en evidencia con los 18 subsaharianos rechazados por el Instituto del menor y la Familia de Madrid, hecho que ha sido denunciado por la Fundación Raíces, y que está siendo investigado por el Defensor del Menor, Arturo Canalda. De la Mata insiste en la situación de cruce de intereses en que se hallan estos menores, que carecen de representación judicial para defenderse de las entidades tutelares que deberían ampararlos. Sólo en Barcelona, el presidente de la fundación privada FICAT, Albert Parés, ha registrado 35 casos de inmigrantes menores de edad con el mismo problema en los últimos ocho meses. A juicio del Defensor del Pueblo esta práctica, “se extiende de modo preocupante”.
El Defensor del Pueblo denuncia la práctica porla que las CC AA usan las pruebas óseas para impugnar pasaportes.

Fuente: Del 18 al 31 de marzo de 2010 // Diagonal GLOBAL //